jueves, 17 de abril, 2025

Tomás Yarrington es deportado a México y trasladado al Penal del Altiplano

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El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue trasladado este miércoles 9 de abril a la Ciudad de México bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser deportado por las autoridades de Estados Unidos. La entrega se realizó a través de la frontera terrestre entre San Diego y Tijuana, en lo que representa un nuevo capítulo judicial para el político vinculado con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Luego de aterrizar en la capital mexicana, Yarrington fue ingresado al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde un juez de control definirá su situación jurídica. El exmandatario, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, enfrenta acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y colaboración con grupos criminales durante su administración.

La deportación se produce tras una serie de intercambios entre gobiernos. Estados Unidos lo devolvió a México poco después de que el gobierno mexicano deportara a 29 líderes del narcotráfico, entre ellos los hermanos Treviño Morales, antiguos cabecillas de Los Zetas.

Yarrington fue arrestado en 2017 en Florencia, Italia, y extraditado a Estados Unidos en 2018, donde se declaró culpable de aceptar sobornos durante su mandato como gobernador, lo que le valió una condena de nueve años de prisión. Sin embargo, fue liberado en 2024, tras lo cual México solicitó su extradición, aunque el proceso no avanzó debido a supuestas deficiencias en el expediente.

Según las investigaciones de la FGR, el exgobernador facilitó operaciones de tráfico de drogas del Cártel del Golfo y habría recibido sobornos a cambio de brindar protección a sus actividades. En una denuncia presentada el 7 de enero de 2009, un testigo protegido —exintegrante del cártel— señaló directamente a Yarrington como colaborador de los grupos criminales.

La DEA también lo acusó de encubrir operaciones delictivas en el Golfo de México y Los Zetas, permitiendo la adquisición de propiedades en Texas mediante prestanombres, las cuales fueron posteriormente decomisadas por el Departamento de Justicia estadounidense. Ahora, el exgobernador enfrenta un nuevo proceso judicial en suelo mexicano.