Ciudad de México.– El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó que las autoridades de Estados Unidos protegieron a Julio César Chávez Jr., a pesar de tener conocimiento desde 2023 de que en México existía una orden de aprehensión en su contra. Según el fiscal, el boxeador ha promovido al menos cinco o seis amparos en tribunales mexicanos para evitar ser detenido al regresar al país.

En conferencia desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gertz Manero señaló que Chávez Jr. ingresó a EE.UU. con visa de turista y vivió libremente en ese país, donde incluso se casó y residía de forma abierta, sin que se ejecutara la orden de aprehensión. “Ellos sabían perfectamente que existía esta orden, se estableció allá y ha estado libre mientras nosotros hemos hecho requerimientos para que nos lo entreguen”, afirmó.

El fiscal añadió que esta situación fue confirmada tanto por el gobierno estadounidense como por el padre del boxeador, e hizo énfasis en que México ha emitido múltiples solicitudes y notificaciones durante más de un año sin obtener respuesta. “Nosotros lo ratificamos, desde 2023 esa orden existía”, insistió.

La investigación contra Chávez Jr. deriva de una denuncia presentada en 2019 por el Departamento del Interior de EE.UU., a través de su embajada en México. Los delitos señalados incluyen delincuencia organizada, tráfico de personas, armas y drogas, y están relacionados con el grupo criminal de los Guzmán, en Sinaloa.

La carpeta de investigación involucra a 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán, Néstor Ernesto Pérez Salas, El Nini, y otros operadores. Varios ya fueron detenidos y extraditados, mientras que Chávez Jr. fue incluido entre las órdenes de captura pendientes desde 2023.

Respecto a su situación actual, Gertz informó que el abogado del acusado comunicó que este lunes se celebrará una audiencia clave en Estados Unidos. A partir de ello, Chávez Jr. ha promovido varios amparos en México para evitar su detención una vez que regrese al país.

—¿Ya se le concedió alguna suspensión provisional?, le preguntaron al fiscal.

—No. Hemos negado el amparo porque no procede, respondió. “Nosotros no lo tenemos bajo custodia, por eso no se puede aplicar”.