El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por unanimidad la solicitud presentada por los presidentes del Congreso de la Unión para cancelar la candidatura de 26 aspirantes al Poder Judicial con perfiles considerados riesgosos. El órgano electoral reiteró que carece de atribuciones constitucionales y legales para eliminar candidaturas, especialmente durante la etapa de campañas.

La solicitud, presentada por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, argumentaba que 18 de los aspirantes no cumplían con el requisito constitucional de gozar de buena reputación, mientras que otros 8 no alcanzaban el promedio general de calificación requerido.

Entre los casos más polémicos están los aspirantes señalados por presuntos antecedentes de abuso sexual, lesiones o vínculos con integrantes del crimen organizado, incluso como exabogados.

Durante la sesión, la consejera electoral Dania Ravel Cuevas subrayó que es improcedente que el INE asuma responsabilidades que no le competen. “Quienes tenían la atribución de hacer esa verificación eran los Comités de Evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión”, enfatizó.

Además, Ravel Cuevas criticó que se pretenda trasladar al INE la responsabilidad de valorar la idoneidad de los candidatos, cuando ni siquiera los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados tienen facultades para solicitar la cancelación de candidaturas.

“Ni el Senado ni mucho menos la Cámara de Diputaciones tienen atribuciones para pronunciarse respecto de la elegibilidad o idoneidad de las candidaturas; de hecho, el Senado tiene un impedimento expreso para hacerlo”, concluyó la consejera.