El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron condenados por una corte civil en Miami, Florida, a pagar en conjunto más de 2,400 millones de dólares al Gobierno mexicano. Esta sentencia se deriva de su participación en un esquema de corrupción y lavado de dinero relacionado con contratos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón.
Detalles de la sentencia civil
- Genaro García Luna deberá pagar 748 millones de dólares.
- Linda Cristina Pereyra enfrentará una multa de 1,740 millones de dólares.
La jueza Lisa Walsh dictó esta sentencia tras un proceso iniciado en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La UIF identificó que, bajo la dirección de García Luna, un conglomerado empresarial familiar obtuvo al menos 30 contratos con órganos de seguridad pública mexicanos, desviando 745.9 millones de dólares en recursos públicos. Estos fondos fueron transferidos a Estados Unidos y canalizados mediante paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar su origen ilícito.
Condena penal por narcotráfico
Además de la sentencia civil, en octubre de 2024, García Luna fue condenado a 38 años de prisión por una corte federal en Nueva York. Fue declarado culpable de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Actualmente, cumple su condena en la prisión federal USP Lee, en Virginia, con una fecha de liberación programada para 2052.
Recuperación de activos
El Gobierno mexicano ha logrado recuperar más de 2.5 millones de dólares provenientes de la venta de propiedades en Florida adquiridas con fondos ilícitos. Estos bienes, vinculados a la empresa Delta Integrator LLC, fueron transferidos a México por orden de la jueza Walsh.
Otros involucrados
La UIF también identificó a otras personas físicas involucradas en este esquema de corrupción, incluyendo a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presuntos colaboradores en el esquema de lavado de dinero. La UIF continúa con acciones legales para recuperar aproximadamente 600 millones de dólares adicionales relacionados con estas operaciones ilícitas.
Este proceso judicial representa un esfuerzo significativo del Gobierno mexicano por recuperar fondos públicos desviados y combatir la corrupción a nivel internacional.
