Hoy 1 de junio, México vivirá un hecho inédito: por primera vez, jueces, magistrados y ministros serán elegidos mediante voto ciudadano. Esta elección deriva de la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024 por el Congreso de la Unión, dominado por Morena, PT y PVEM.
¿Qué cambia con la reforma judicial?
Antes de la reforma, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eran propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Los jueces y magistrados accedían al cargo tras una carrera judicial de más de 15 años.
Ahora, basta con tener una licenciatura en Derecho, un promedio mínimo de 8.0, al menos cinco años de experiencia afín y cartas de recomendación vecinales.
La selección de candidatos fue responsabilidad de comités de los tres Poderes de la Unión, aunque en el caso del Legislativo, los candidatos se eligieron por tómbola, lo que desató críticas de la oposición y especialistas.
La reforma: entre protestas y controversias
La aprobación de la reforma estuvo rodeada de paros laborales y bloqueos por parte de trabajadores del Poder Judicial. En ambas cámaras, los legisladores tuvieron que cambiar de sede para concretar la votación.
En el Senado, la aprobación dependió del voto del entonces panista Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien su bancada calificó de “traidor”, generando tensiones dentro de la oposición.
Posteriormente, opositores y empleados judiciales promovieron amparos para evitar su entrada en vigor, pero el gobierno, ya encabezado por Claudia Sheinbaum, desestimó las suspensiones.
¿Por qué hay oposición?
La oposición —junto con organizaciones, académicos y organismos internacionales— teme la pérdida de independencia del Poder Judicial. Señalan el riesgo de que los nuevos juzgadores tengan vínculos con el gobierno, empresas o incluso el crimen organizado.
También advierten afectaciones en inversión extranjera, comercio y seguridad, así como posibles vulneraciones al principio de división de poderes.
Obstáculos en la organización electoral
El INE enfrentó severos recortes presupuestales que redujeron su capacidad operativa. De los 35,855 millones de pesos inicialmente solicitados, se le asignaron 27,056 millones, lo que obligó a disminuir el número de casillas y eliminar materiales como las boletas en braille.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo reuniones con legisladores y con Sheinbaum Pardo para intentar revertir el recorte, con resultados parciales.
Campañas polémicas y denuncias
Las campañas electorales, que concluyeron el 28 de mayo, estuvieron marcadas por la falta de recursos oficiales, por lo que muchos aspirantes recurrieron a memes y tendencias en redes sociales para darse a conocer.
La polémica creció cuando el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó que al menos una decena de candidatos estaban ligados al crimen organizado. La oposición exigió revisar candidaturas, entre ellas la del abogado del narcotraficante conocido como el Z-40.
A esto se sumaron denuncias sobre la distribución de “acordeones”, listas presuntamente elaboradas por el oficialismo para influir en el voto, y el llamado al abstencionismo promovido por PRI, PAN y otros grupos opositores.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, argumentando que fomentará la rendición de cuentas y reducirá la impunidad. También ha rechazado las acusaciones de manipulación electoral y ha convocado a la ciudadanía a participar activamente en la votación.
